RESUMEN ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX

Gonzalo de Bilbao. La siega.

1.TRANSFORMACIONES AGRARIAS

España durante el siglo XIX seguía siendo una sociedad rural, viviendo la inmensa mayoría de los españoles de los productos agropecuarios (75%). Los gobiernos liberales del siglo XIX, especialmente los progresistas, acabaron con las formas de propiedad del Antiguo Régimen y consolidaron la propiedad privada de la tierra, expropiando las tierras comunales, estatales y los grandes señoríos nobiliarios y eclesiásticos. Se eliminaron los señoríos jurisdiccionales y las prácticas feudales, pero se consolidaron los señoríos territoriales. La consecuencia más importante de la reforma agraria liberal fue el aumento de la roturación de las tierras hasta entonces incultas: la superficie agraria pasó en los sesenta primeros años del siglo XIX de 10 a 16 millones de hectáreas, permitiendo de esta forma un crecimiento sostenido de la población. La mayor expansión de cultivos se produjo en los cereales (80%), seguida por la vid, que se convirtió en un producto de exportación. También se extendió el cultivo del maíz y, sobre todo, de la patata. Mientras la ganadería ovina y, con mayor intensidad, la lanar sufrió un enorme retroceso, al desaparecer los privilegios de la Mesta. Ahora bien, el aumento de la producción agrícola se consiguió gracias a un incremento de la superficie cultivada y no como resultado de la modernización de las técnicas de cultivo, que continuaron atrasadas con respecto a las innovaciones que se estaban produciendo en los países más avanzados de Europa (escasa mecanización, abonos naturales, pocas hectáreas de regadío…). Eso no significa que el sector agrario español permaneciera estancado, pero los mediocres rendimientos a finales de siglo muestran la modestia de los progresos. En el norte de España (Galicia y Submeseta norte) predomina la pequeña propiedad (minifundios), cuya producción era insuficiente para alimentar a una familia, con lo cual toda la producción se destinaba al autoconsumo. En cambio, la gran propiedad (latifundios), predominante en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, tampoco ayudó a mejorar la productividad. La inmensa mayoría de estos grandes propietarios no estaba interesada en invertir para cultivar mejor, sino tan solo en la obtención de fáciles beneficios. Esta situación frenó la innovación agrícola y sumió a la gran masa de campesinos sin tierra en unas condiciones cercanas a las de subsistencia. En estas condiciones tan pobres de productividad, cualquier año de malas cosechas hacia que se produjera una crisis de subsistencia, con amplias hambrunas y un aumento de la mortalidad.

2. LAS DESAMORTIZACIONES AGRARIAS

La mayor parte de la tierra en el Antiguo Régimen estaba amortizada o vinculada, es decir, que no podía ni comprarse ni venderse y debía transmitirse en herencia. Así sucedía con las tierras de la Iglesia, de los ayuntamientos o de la nobleza, en cuyos patrimonios era habitual la institución del mayorazgo, práctica por la que heredaba el hijo mayor, para que no se desgajase el patrimonio. Ya en el siglo XVIII los ilustrados españoles (especialmente Jovellanos), demandaban la necesidad de una reforma agraria que pasase por la desvinculación de la propiedad. Por ello se redactó, en tiempos de Carlos III, el Expediente de la Ley Agraria. Estos primeros intentos desamortizadores (como otros con Carlos IV, José I y en el Trienio Liberal) se vieron frenados por la falta de medios adecuados para su aplicación real, y por la resistencia que los grupos privilegiados ejercían. Fueron los gobiernos liberales (progresistas) en el reinado de Isabel II los que se decidieron a acometer la desvinculación de las tierras amortizadas. Debemos destacar dos desamortizaciones:

A) Desamortización eclesiástica de Mendizábal (1836). Este ministro desamortizó las tierras de la Inquisición y la de los conventos y monasterios del clero regular, más tarde ampliado a los del clero secular. No se trataba de una redistribución de tierras ni una reforma agraria, sino la expropiación para la venta en pública subasta, bien pagando al contado, bien en vales de deuda pública. El objetivo de la desamortización era sanear la hacienda, costear la guerra carlista, y crear una clase media de propietarios agrícolas que defendiesen al régimen liberal. Por la extensión de las parcelas y los precios, solo pudieron acceder a la compra los burgueses enriquecidos y los grandes terratenientes, por lo que solo se cambio de manos la tierra: de eclesiásticos a civiles. El dinero ingresado fue bastante inferior al esperado (mil millones de reales de cinco mil presupuestados, debido al pago en vales de deuda pública). Los gobiernos moderados frenaron la desamortización, aunque volvió a instaurarse en la Regencia de Espartero.

B) Desamortización Civil de Madoz (1855). En el Bienio Progresista, el ministro Madoz promulgó una desamortización general, que incluía las tierras comunales y de propios de los ayuntamientos, las tierras del estado, las tierras del clero que aún quedaban (órdenes militares, instituciones benéficas…) y otras de menor entidad. En este caso, el pago debía hacerse al contado, obteniéndose mayores beneficios (más de 6000 millones de reales). Y los compradores fueron los mismos: la alta burguesía y la nobleza, aunque en este caso fue mayor el acceso de los pequeños propietarios rurales que en la eclesiástica. El objetivo de la desamortización era financiar la expansión del ferrocarril en España.

Las consecuencias de las desamortizaciones se pueden sintetizar en positivas y negativas:

Positivas: aumentó la superficie cultivada y la productividad agraria, se redujo la deuda pública, hizo posible el triunfo del liberalismo frente al absolutismo carlista.

Negativas: Se desvió un capital al campo que podía servir para la industrialización, se endurecieron las condiciones de los pequeños arrendatarios y jornaleros, se perdieron las tierras comunales que ayudaban a los agricultores y muchos ayuntamientos se arruinaron al perder sus bienes de propios, aumentó el latifundismo en el sur de España, la iglesia se puso en contra del liberalismo y del partido progresista, desapareció muchos edificios religiosos y el rico patrimonio artístico.

 Juan Álvarez Mendizábal

3. EL FRACASO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN ESPAÑOLA

España no conoció durante el siglo XIX una revolución industrial análoga a la operada en Europa Occidental. Si se produce, en cambio, un proceso de inicial despegue y posterior equipamiento industrial, aunque limitado tanto en su localización geográfica regional como en los sectores industriales productivos. Las causas de este retraso y defectuosa industrialización son las siguientes:

- Falta de fuentes de energías abundantes y baratas y materias primas difíciles de extraer (carbón).

- Falta de capitales y de inversión (la desamortización agraria desvió muchos capitales).

- Ausencia de una burguesía emprendedora y arriesgada.

- Ausencia de tecnología y de inventores (poco desarrollo de la ciencia y la educación).

- Inexistencia de un mercado articulado (falta de redes viarias y de transportes y abundancia de aranceles).

- Ausencia de una política estatal que fomentase la industria nacional (política librecambista).

En Minería, España era un país rico en minerales (hierro en el norte, mercurio, plomo, cobre…), pero faltaban comunicaciones e inversión para extraerlos. Así, a partir de 1860 el estado hacía concesiones a compañías extranjeras (con mayor tecnología), para que explotasen las minas españolas (auténtica desamortización del subsuelo español), siendo los beneficios para ingleses y franceses (como en las minas de cobre de Riotinto). Lo mismo ocurría con el carbón, abundante en el norte, pero de mala calidad y difícil de extraer. A partir de la Ley de Ferrocarriles (1855) es cuando se generaliza el tendido ferroviario en España, con una auténtica fiebre constructora. Pero, como en las minas, la construcción de las vías fue concedida a empresas extranjeras (ingleses, alemanes y franceses) y otro problema fue que se hizo con vías más anchas que en Europa.

Sólo en Cataluña (con la industria algodonera)  en la cornisa cantábrica (con la industria siderúrgica) se puede decir que hubo un proceso de industrialización. La industria textil se había iniciado en Cataluña contando en parte con la demanda americana, pero esta empezó a desaparecer con la independencia de las colonias. Pese a todo, la industria algodonera catalana creció y se desarrolló en el siglo XIX. Su éxito se debió a la ambición empresarial, la política proteccionista hasta la década de los setenta y la ampliación de la demanda, Pero los  problemas más graves con que contaba la industria textil catalana fueron el débil mercado interior y la inaccesibilidad de los mercados exteriores. La industria siderúrgica se inició en España en forma de tanteos en el período 1830-50. La primera etapa de la siderurgia española es andaluza, pues los primeros altos hornos se sitúan en Málaga (Herdia). Luego se desarrolló en Asturias, pero el gran desarrollo de la siderurgia española se produce en el último tercio de siglo con el desarrollo de las ferrerías vascas, gracias a la abundancia de mineral de buena calidad, facilidad de importación de carbón inglés, buenos transportes y acumulación de capital en manos de empresarios bilbaínos (Ibarra).

4. SOCIEDAD

Se van produciendo también en España una serie de cambios sociales que suponen el paso de una vieja sociedad estamental a una renovada sociedad clasista, organización de la sociedad por clases sociales propia del régimen liberal burgués y capitalista. La nobleza irá perdiendo su posición distinguida e integrándose en la nueva clase burguesa y de clases. La burguesía será el nuevo grupo ascendente, compuesta por ricos comerciantes, banqueros, terratenientes  e industriales. El clero perderá su poderosa influencia y gran parte de su patrimonio. Dentro de las clases bajas destacan el gran número de campesinos (especialmente jornaleros no propietarios) y el aumento del número del proletariado obrero, aunque muy inferior a otros países europeos. Su explotación por los industriales hará que se organicen en la 2ª mitad del S. XIX, tras la llegada del anarquismo (Andalucía y Cataluña) y el marxismo (Madrid y norte de España), con el PSOE y la UGT. 

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